La firma asesora a las personas que buscan controvertir actos administrativos expedidos por entidades públicas que han afectado sus derechos o intereses legítimos. Este mecanismo judicial permite solicitar la nulidad del acto y, de manera conjunta, el restablecimiento del derecho vulnerado o la reparación de los perjuicios ocasionados.

La gestión incluye el análisis de la legalidad del acto administrativo, la identificación de vicios en su expedición y la elaboración de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Asimismo, se brinda acompañamiento durante todas las etapas del proceso, desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, garantizando una defensa técnica, estructurada y coherente con la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado y los tribunales administrativos.