La firma representa a las personas que han sufrido daños antijurídicos causados por la actuación u omisión de las entidades del Estado, o por la acción de particulares que ejercen funciones públicas. Este medio de control busca obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados, garantizando el restablecimiento integral de los derechos afectados.

La gestión comprende el estudio detallado de los hechos, la recolección y valoración de las pruebas que acreditan la responsabilidad estatal y la estructuración de una demanda sólida ante la jurisdicción contencioso administrativa. Se actúa con fundamento en los principios de responsabilidad patrimonial del Estado y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, procurando decisiones justas, razonables y acordes con el daño efectivamente demostrado.